El pasado 02 de junio los mexicanos acudieron a las urnas con entusiasmo, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la jornada electoral tuvo una participación de 61.5% de la lista nominal de electores.

Este nivel de involucramiento de la ciudadanía demanda del nuevo gobierno el ir más allá de un elevado optimismo discursivo sobre los ideales de bienestar y desarrollo, está participación implica contar con los medios institucionales y normativos para fomentar una intervención real de la ciudadanía en el ejercicio y evaluación de las políticas públicas, alejándose en la práctica de los discursos que relacionan a la precariedad de las condiciones sociales con una autolimitación en el ejercicio de los derechos del ciudadano.

El proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público requiere ser fortalecido con una adecuada gobernanza que logre cohesionar las relaciones que se producen los niveles; local, regional y global, así como en los sectores público, privado y civil. Una relación basada en el logro de intereses comunes, como la salud, la seguridad, el empleo, entre otros, construida en la racionalidad de un cambio de paradigma en las relaciones de poder.

México es el segundo país más inseguro de América Latina y ello representa uno de los principales factores disuasorios del desarrollo económico, al país le cuesta anualmente alrededor de 4,95 billones de pesos.

La CEPAL señala que el fortalecimiento de lo común puede concretarse en el uso y cuidado de espacios comunes como la ciudad y el medio ambiente; el acuerdo respecto de ciertos valores de convivencia, el combate a la violencia; la humanización de los principales espacios de socialización —familia, vecindario, trabajo y escuela— y el acceso difundido a los productos culturales.

El país también es la segunda mayor economía de América Latina y el Caribe, según el producto interno bruto registrado en 2023, la cantidad de bienes y servicios producidos ascendió a 1,66 billones de dólares.

A nivel microeconómico esta cantidad de bienes y servicios producidos por las empresas aún refleja el predominio de estrategias productivas con baja inversión en vez de estrategias “ofensivas” que combinan aumentos importantes en inversión en nuevos equipos, tecnologías e innovación aunado a la formación de talento.

Las bases sociales, materiales, y financieras del país requieren del resguardo de un sistema democrático confiable que garantice condiciones de igualdad para la sociedad; de no ocurrir así, nada ni nadie puede garantizar que la nación armonice con el concierto de naciones que buscan el crecimiento económico y el desarrollo social.

En el país el comportamiento de los indicadores microeconómicos que miden la pobreza, muestran una perdida en la esperanza de que las cosas mejoren; un ejemplo de ello es que de acuerdo con el INEGI en el 2022 los hogares del primer decil contaron con un ingreso promedio de 14 mil 135 pesos al trimestre, en cambio, los hogares del décimo decil alcanzaron un promedio en sus ingresos de 208 mil 350 pesos, es decir, 15 veces más.

La desigualdad trae consigo consecuencias potencialmente negativas para la sociedad en su conjunto, uno de estos efectos se materializa sobre el modelo de democracia participativa del país; en esta realidad la concentración de riqueza en escasos sectores de la sociedad, se traduce en una alta concentración de poder en manos de estos sectores de la población, ello limita la capacidad de la ciudadanía para influir libremente en las decisiones públicas. 

Estas condiciones incentivan que la estructura política y económica de un país continúe con una inercia que profundiza la desigualdad, en donde la política económica y la política social responden a esta dinámica.

En México la distribución del ingreso es particularmente desigual, el rezago que hoy se observa en la disponibilidad de bienes y servicios para el bienestar de numerosos sectores de la población, amenaza tanto el crecimiento de la economía como la estabilidad social. Según datos del Coneval, el porcentaje de la población con carencias sociales se incrementó en, al menos, 3% entre 2018 y 2022, ello al pasar de 25 millones de personas a 32.1 millones, respectivamente.

El nivel de inversión que tiene el país en su conjunto es muy bajo y no es posible compensar el deterioro de capital, se comienza a tener cada año menos capital para producir, con esto el crecimiento económico se desploma, con lo cual la actividad emprendedora, es decir, la creación de nuevos negocios y empleos que sustentan las economías locales e impulsan el crecimiento del PIB se comienza a deteriorar.

Uno de los indicadores que reflejan mejor el bienestar de una población es el grado de escolaridad, sin embargo, si la educación aumenta la capacidad para “saber hacer”, la adquisición de más años de escolaridad no lleva automáticamente a alcanzar una mayor productividad. En México de acuerdo con el INEGI, la tasa de escolaridad promedio de los habitantes de 15 años y más es de 9.7 años, esto quiere decir que estudian hasta el tercer grado de secundaria.

México es una sociedad más educada (9.7 años de escolaridad en promedio) pero no más productiva. En dos décadas la escolaridad creció 33.4% años y la productividad apenas lo hizo en 7.7%. El reto radica en ofrecer una educación de calidad, con una orientación clara hacia la formación de habilidades y competencias para la vida y el trabajo.

El desajuste entre la demanda y la oferta de habilidades y competencias explica muchos de los problemas de productividad en México, por ejemplo, las universidades deben reconocer en mayor medida que las personas no se forman primero y trabajan después, sin ninguna conexión entre sí, sino que ambos procesos están íntimamente relacionados UNIVERSIDAD-EMPRESA y de ello depende el desarrollo de competencias.

Las universidades deben buscar garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa y profesional, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida, así como hacer del desarrollo científico, del emprendimiento y de la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

En la próxima administración que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum, habrá que ir más allá en el análisis, pues no sólo se trata de reducir la desigualdad a través de incrementar el nivel de los salarios, o aumentar los subsidios y las subvenciones, también se requiere un proceso profundo de democratización en las formas y mecanismos de participación ciudadana que permitan el involucramiento creciente de la sociedad en la toma de decisiones y específicamente de aquellos que han vivido al margen de estos procesos.

Esta democratización también es deseable para los procesos que definirán el desarrollo de la política educativa a nivel superior, pues el manejo inadecuado puede traer consigo una ampliación de la brecha de los egresados de instituciones de educación superior con los requerimientos y necesidades de la sociedad y las empresas.

México requiere fortalecer las instituciones que distribuyen el poder político y las oportunidades económicas de manera más amplia en toda la sociedad, con una clara visión hacia la búsqueda del bienestar, la seguridad generalizada, la igualdad, la justicia y la libertad.