El pasado 8 de diciembre se dio a conocer el presupuesto que el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios aprobó para el año 2023. Si bien la cifra puede parecer astronómica, pues dicho presupuesto ronda los 52 mil 728 millones de pesos, en realidad esta cantidad apenas será suficiente para que la UNAM pueda dar continuidad a la enorme diversidad de actividades que desarrolla. Si se le compara con el presupuesto de 2022, el incremento es de casi 4 mil millones de pesos. De nuevo, este dato puede parecer impresionante ya que en términos porcentuales estamos ante un incremento de prácticamente un 8% con respecto al presupuesto de 2022.
Sin embargo, es fundamental no olvidar que el año que hemos dejado atrás tuvo una de las tasas inflacionarias más altas de la historia reciente de nuestro país y eso prácticamente asegura que ese 8% no se verá reflejado en un incremento real al presupuesto de los innumerables proyectos que desarrolla nuestra universidad. Esto es, esos 4 mil millones adicionales son lo mínimo que la UNAM necesita para hacerle frente a una inflación anual de alrededor de 8%. Así, en términos reales la UNAM tendrá el mismo presupuesto que el año anterior, aunque muy seguramente el gasto per cápita por estudiante disminuirá pues, como ocurre cada año, la matrícula de estudiantes tendrá un ligero aumento.
Tristemente, esta situación parece importarle poco a quienes diseñan el Presupuesto de Egresos de la Federación pues se tiene la impresión de que la universidad recibe un presupuesto excesivo que además se usa de manera caprichosa y dispendiosa. Suele argumentarse, por ejemplo, que la universidad posee una casta de funcionarios y académicos con altísimos salarios y prestaciones; la implicación es que cualquier aumento en el apoyo que se le dé a esta institución requiere en primer lugar de la eliminación de tales privilegios. Quizás no sorprenda, pero el propio presidente López Obrador parecer compartir esta opinión.
Hay, sin embargo, varios problemas con esta argumentación. En primer lugar, el sueldo de los altos funcionarios y directivos de la UNAM no supera el 0.1% del presupuesto total de la institución –hablo aquí de aquellos que ganan más de 100 mil pesos mensuales–. En ese sentido, resulta absurdo suponer que habría un ahorro sustancial si se llegasen a recortar los salarios de estos funcionarios. En segundo lugar, el gran problema de la UNAM radica en los bajísimos salarios del personal de asignatura y el hecho de que no se están generando suficientes plazas de tiempo completo para poder contratar a este personal. La única forma de resolver este problema es con un aumento sustancial al presupuesto universitario; de nuevo, quienes creen que esto puede solucionarse al disminuir los altos salarios pasan por alto que matemáticamente esto no tiene sentido alguno.
Dicho sea de paso, la excusa que constantemente invocan los defensores de la austeridad es que la UNAM hace un uso irracional de su presupuesto. Esto ignora que desde hace ya varios años la UNAM tiene un muy fuerte programa de austeridad cuyo objetivo es fomentar el uso racional de los recursos que posee tal institución. Una vez más, lo que vemos aquí es una total indiferencia por parte de nuestros gobernantes ante la realidad de una institución a la que le urge un apoyo real que le permita estar a la altura de los desafíos que tiene nuestro país.
En cualquier caso, desde hace ya varios años la UNAM cuenta con una muy intensa política para generar recursos propios a través de la impartición de seminarios, diplomados o cursos de formación de diverso tipo; a estos ingresos se le suman los que se obtienen por ventas de libros y por otro tipo de ingresos que en su totalidad constituyen un poco más del 10% del presupuesto total de la institución. Esto se dice fácil, pero requiere de un enorme compromiso que en muchas ocasiones implica que el personal académico de la UNAM lleve a cabo actividades adicionales que justamente permitan obtener tales recursos.
De nuevo, hay quienes ven en esa política de generación de recursos propios una suerte de privatización de la educación pública y, si bien es cierto que deberíamos cuestionarnos a dónde nos está conduciendo este modelo, también es claro que la única forma de evitarlo es con un aumento real de las aportaciones federales. Sin embargo, quienes desarrollan este tipo de críticas no parecen estar interesados en exigirle al gobierno federal un incremento real en el presupuesto que se le da a las universidades públicas del país. Pareciera que quieren que la UNAM –y otras universidades públicas– no tenga recursos propios, no reciba más presupuesto y que genere mágicamente miles de millones de pesos al hacer tan solo un recorte de menos de 0.1% de su presupuesto. Esto desde luego es imposible.
Como en otros rubros, aquí la austeridad se traduce en austericidios. Estamos dejando que nuestras universidades públicas naufraguen al dejarlas sin apoyos reales. Es una ignominia que se enarbolen discursos progresistas mientras se abandonan los espacios de formación que han hecho posible la poca movilidad social que este país ha tenido. Esto de ninguna manera es una defensa de los privilegios de nadie, pero sí es una invitación a que la universidad pública continúe siendo gratuita y de calidad. Esto sólo será posible si se le da el apoyo que requiere.