Desde el año 2012 la educación media superior (EMS) es obligatoria cuando se modificó el artículo tercero de la Constitución y se realizó la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). En 2019, la Ley General de Educación reforzó esta meta, estableciendo la obligación de garantizar que menores de 18 años asistan a la escuela y reiterando la responsabilidad del Estado de asegurar igualdad de oportunidades.
No obstante, los datos del Censo de Población y Vivienda (2020) dan cuenta de que solo el 72.79% de las y los jóvenes de 15 a 17 años reportó asistir a la escuela. Los datos evidencian que el sistema educativo mexicano estaba lejos de lograr sus cometidos en 2020, situación que solo pudo agravarse con la pandemia por COVID-19. De hecho, en el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó una cobertura neta del 63% en EMS, lo que demuestra la necesidad de políticas públicas que garanticen el derecho a estudiar la preparatoria.
Históricamente el gobierno federal ha implementado importantes estrategias para promover la EMS, como la ampliación de la cobertura mediante la creación de nuevas escuelas y modalidades educativas, como el Telebachillerato; la diversificación de opciones de salida hacia el trabajo y la educación superior; la incorporación de la modalidad dual, que vincula al sector productivo con las escuelas; y la elaboración de un Marco Curricular Común.
Además, se han instrumentado apoyos económicos, tales como la Beca para la Continuación de Estudios, Becas de Reinserción y la Beca Universal para Estudiantes Benito Juárez. Sin embargo, no se observan estrategias integrales que promuevan la motivación y la vinculación profunda de las y los jóvenes con la EMS, ni acciones que amplíen la relevancia de la escolarización en el contexto actual.
En 2024, el gobierno federal y el de la Ciudad de México han planteado la eliminación de los exámenes de ingreso a la EMS calificándolos como “discriminatorios”. Si bien hay investigaciones que relacionan el desempeño en estos exámenes con el contexto socioeconómico y la educación previa, no existe evidencia suficiente de que estos exámenes operen como barrera al ingreso.
Por ello es fundamental realizar un análisis integral que considere la diversidad de exámenes utilizados en cada entidad federativa, sus características específicas, así como la razón por la que se utilizan antes de tomar decisiones que podrían tener consecuencias negativas.
Mi investigación sobre los procesos de admisión a la EMS a nivel nacional muestra que, para promover oportunidades equitativas de acceso, es fundamental garantizar la accesibilidad y la transparencia en los procedimientos. Procesos claros y accesibles aseguran que las personas aspirantes y sus familias comprendan la oferta educativa, los requisitos y los criterios de selección.
En particular, el examen de ingreso de la Ciudad de México y área metropolitana, gestionado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), ha permitido unificar el proceso de solicitud, disminuyendo los costos y mejorando la eficiencia en el acceso a la EMS.
La eliminación de los exámenes de ingreso sin un análisis detallado podría llevar a decisiones contraproducentes que afecten la equidad en el acceso. Es crucial que las decisiones de política pública se basen en evidencia rigurosa y no solo en percepciones. Los retos que enfrenta la EMS en México requieren soluciones integrales que incluyan además del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las y los jóvenes, el fortalecimiento de los procesos de admisión garantizando equidad, eficiencia y transparencia.
Asimismo, se requiere de cambios estructurales que mejoren las condiciones de aprendizaje, motivación y vinculación de las y los jóvenes con las escuelas. Solo así podrá garantizarse que el derecho a la educación sea una realidad tangible para todas y todos en EMS.
*El texto refleja la opinión del autor y no necesariamente la de este medio de comunicación.